El abogado laboralista Jorge Elías se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri que introduce cambios en el sistema de ART.
El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri que introduce cambios en el sistema de ART, y que fue oficializado ayer, despertó el rechazo de amplios sectores dedicados a la seguridad social y el derecho laboral. A nivel local, el abogado laboralista y presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Filial Rosario), Jorge Elías, tildó la medida de “torpe” y sostuvo que, de implementarse en Santa Fe, implicará un colapso en la única Comisión Médica de la provincia, ubicada en Rosario. Pero, además, traerá más trabajo al ya colapsado fuero laboral rosarino, ya que la norma establece que los casos aprobados por dicha comisión deben ser tratados en juzgados de la misma jurisdicción.
El decreto 54/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial, establece como “obligatorio y excluyente” la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” para el reclamo de un trabajador.
Según el decreto, hoy “la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclama a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales”. Por lo que la creación de la Comisión Médica Jurisdiccional “agotará la instancia administrativa” del reclamo, aunque “las partes podrán solicitar revisión ante la Comisión Médica Central”. Sobre la opción de recurrir a la Justicia, la norma señala que el trabajador “tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante el fuero laboral de la jurisdicción provincial o la ciudad de Buenos Aires”.
La decisión del Ejecutivo retoma el proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Sin embargo, apurar la reforma del sistema de ART a través de un decreto generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sindicales. Desde la CGT advirtieron que la decisión de Macri es “inconstitucional” porque “no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia”.
Las comisiones médicas son organismos públicos creados por el gobierno nacional a partir de la Ley de Riesgos del Trabajo. En el sistema actual, es obligatorio que el trabajador pase por esa instancia evaluatoria antes de llegar a la demanda judicial. Pero, según explicó Elías, el trámite fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema, debido a que era perjudicial para los trabajadores y limitaba el acceso a la Justicia.
“Hoy, cada rama del trabajo tiene una lista de enfermedades que son cubiertas en una indemnización. Las que quedan afuera no se consideran enfermedades profesionales y, por lo tanto, no se indemnizan. Este es el primer paso que lleva a la acción judicial”, explicó Elías y continuó: “En la Justicia, las acciones prosperan porque el Derecho considera que todo trabajador debe ser resarcido, que es un derecho fundamental de cualquier persona acceder a una indemnización que no puede estar limitado por una lista”.
Es que, de acuerdo con el abogado laboralista, “como sociedades de lucro, las ART fijan incapacidades bajas o niegan que la persona tenga la enfermedad que dice que tiene”. En este sentido, para Elías “las comisiones médicas que deberían resolver esto tienden a respaldar a las ART y a remitirse a esa lista”.
Pero, además de volver sobre una normativa que ya fue declarada inconstitucional, el decreto establece que la implementación dependerá de la adhesión de cada provincia. Según Elías, en el caso de que Santa Fe adhiera sólo vendrán más problemas: “En la provincia hay una sola Comisión Médica que está en Rosario, por lo que todos los santafesinos van a tener que viajar a la ciudad para el trámite. El decreto está destinado a desalentar las demandas o, peor, que un abogado inescrupuloso se aproveche y ofrezca el servicio a cambio de dinero”
A esto se suma que la ley establece que los casos aprobados por la Comisión Médica deben remitirse a los juzgados de su jurisdicción. Es decir, que las demandas de todo Santa Fe llegarían al ya colapsado fuero laboral rosarino, donde se tramitan 10 mil causas por año. “Este decreto perjudica a los trabajadores, que no van a poder llegar a juicio. Y es torpe porque va generar más litigiosidad; la gente va a demandar a las comisiones ya que existe el respaldo de la inconstitucionalidad”, concluyó.