El abogado laboralista Jorge Elías (al frente del estudio jurídico Elías y Asociados) dialogó con Cruz del Sur sobre el crítico momento que atraviesa el país en materia de empleo, un escenario que –advierte– no sólo debe medirse por la pérdida de puestos de trabajo sino por la calidad de los existentes.
—¿Por qué afirma que la ley de paridad de género en el ámbito laboral que plantea el Gobierno es una “cortina de humo”?
—Porque no incorpora nada nuevo, porque la Constitución Nacional ya dice que no se puede discriminar al plantear igual remuneración por igual tarea. Sacar una ley que diga que no se puede discriminar a las mujeres es absurdo. La realidad es que hay muchas desigualdades en materia salarial, tanto entre hombres entre sí como entre mujeres. El artículo 81 de la Ley de contrato de trabajo dice que no se puede discriminar salvo que sea por razones de mérito, contracción al trabajo, dedicación, etc. Entonces es el patrón el que decide si le paga más a alguien sin que haya un mecanismo de control o garantía para asegurarle un mínimo de equidad a esa decisión. Lo mismo ocurre con los ascensos. No hay nada que restrinja esa arbitrariedad. Lo que debería implementarse es un sistema de calificación público, que detalle por cada concepto un puntaje, que se publique y notifique. De esa manera el trabajador puede saber por qué lo califican mal y objetar con un fundamento si lo cree injusto. Ese mecanismo incluso podría tener intervención sindical. Es decir, que sea un mecanismo de calificación incluido en los convenios colectivos de trabajo. Porque el problema central es que siempre hay caprichos y arbitrariedad por parte del empleador. Esa discrecionalidad, ese poder absoluto del patrón es el que hay que recortar. Claro que eso se hace medio difícil en momentos en que la premisa del Gobierno es mejorar la rentabilidad dándole más poder al empleador y menos al trabajador.
—Y mientras tanto, el desempleo y la precarización del trabajador siguen siendo un buen negocio para los empleadores.
—Totalmente, porque son disciplinadores sociales formidables. Con el trabajo en negro se logra pagar salarios lo más bajo posible. Quién va reclamar estando en negro si tiene un vecino que está peor que él. O quién se va a animar a pelear porque no le pagan un beneficio en la empresa si los demás están en negro. Todo el mundo está asustado, y eso permite bajas laborales.
—¿Cuáles son las mayores demandas que reciben en su estudio jurídico? ¿Hay una tendencia que se pueda destacar?
—Un primer bloque de demandas tiene que ver con los problemas de la Ley de riesgos del trabajo, que no se arregla. Hay muchísima litigiosidad porque las ART son mezquinas para reconocer discapacidades, niegan enfermedades. Todas esas cuestiones terminan siempre en un juicio que ganan los trabajadores pero que hay que esperar unos cuatro o cinco años. Ese es gran un lote de conflictividad que tenemos en todos los estudios y en los tribunales. Y después están los problemas por mala registración: trabajadores que no están anotados o que figuran por medio día, los que cambiaron de empresas y no les quisieron reconocer la antigüedad, los que están por una empresa de servicios eventuales para burlar la ley y no pagar indemnizaciones, los que figuran como monotributistas pero son dependientes. Ese es el gran universo que tenemos. El despido clásico, ese que surge con el empleador argumentando que echa a un trabajador porque faltaba mucho y con este empleado negándolo son casos mucho menos frecuentes que los de trabajo en negro. Si tuviéramos más gente registrada habría menos litigiosidad. Por eso, cuando se habla de la industria del juicio, lo que en verdad hay que ver es cuáles son las causas de la litigiosidad. ¿Son tipos que inventan cosas que no tienen o son realidades de injusticias que van a parar a los tribunales cuando no hay más remedio? ¿Qué pasaría si todos los que están en negro hicieran juicio? La mayoría se la aguanta porque sabe que no puede esperar nada mejor. Esa resignación está disciplinando para que no haya más juicios.
—¿Hay un cambio generacional en cuanto al conocimiento que los trabajadores tienen de sus derechos para salir a reclamarlos?
—En términos de conocimiento de derechos creo que no hubo cambios. Los trabajadores de hoy tienen la misma conciencia de que los están cagando que tenían sus abuelos. Quizás la diferencia está en que en otros tiempos había mayor cohesión sindical, mayor solidaridad. Estaba menos fragmentado todo y la gente la peleaba más. En el sector público es distinto, pero en el privado es difícil armar una movida para reclamarle algo al patrón porque hay más temor a las consecuencias. Muchas veces esperan a que los echen para reclamar al patrón lo que no le cumplió antes. En eso veo menos energías pero creo que se debe a la fragmentación. Antes en las grandes industrias tenías a miles de trabajadores bajo un mismo régimen y ahora hay contratistas, empresas proveedoras, gente fuera de convenio. Esa falta de homogeneidad dificulta la solidaridad.
—La semana pasada la AFIP detectó un 40 por ciento de trabajo en negro en locales gastronómicos de Rosario. ¿Hay muchos reclamos en ese sector o es parejo en otros ámbitos?
—En la gastronomía es casi una norma el trabajo no registrado. Pero en los comercios de calle San Luis, y en los shoppings la situación no es muy distinta. Es un problema que está instalado en el corazón de la ciudad. Es difícil encontrar empleo de calidad. Incluso hay empresas con gente anotada pero son sociedades insolventes. Están las SRL que se arman con cero capital y el día que te despiden vas ajuicio y desaparece la sociedad o cambian de dueño para no tener que pagar. Eso está difícil de erradicar y este Gobierno no parece tener mucha voluntad de hacerlo. El anterior tampoco logró mucho, pero éste se ve menos entusiasmado. “Vamos a combatir el empleo no registrado”, dicen, pero el primer capítulo de la ley que propusieron al Congreso consistía en eliminar todas las multas y sanciones que tenía el empleador que no tenía a la gente registrada. Parece un chiste. Es como proponer evitar los accidentes de tránsito y comenzar por multar al que cruza en rojo.
—¿Nota un correlato entre ese escenario de precariedad laboral y las problemáticas sociales de las grandes ciudades como la marginalidad y la llamada “inseguridad”?
—Sí. Cuando hablamos de la violencia urbana, que mucha gente llama inseguridad, hay que ver qué esperanza tiene la persona que sale a robar. Cuando hay familias donde el padre trabaja doce horas y está en negro y en malas condiciones, no es difícil que el hijo se plantee qué sentido tiene trabajar toda una vida en esa situación, sin perspectivas de mejorar. Hay como una invitación a salir a robar o a trabajar para el menudeo de droga. Porque a muchos jóvenes el mundo laboral sólo les ofrece la precarización. La falta de protección laboral es el caldo de cultivo para ese tipo de violencia. Podríamos contribuir a combatir la delincuencia haciendo que los empleos sean mejores, pero eso es más caro que poner policías parece.
—En los discursos de Macri siempre aparecen dos obsesiones: reducir el costo laboral y bajar la tasa de litigiosidad. En su momento incluso los acusó a ustedes, los abogados laboralistas, de operar como una mafia.
—Es que Macri es presidente pero no puede evitar ser un empresario. Ahora creo que se olvidó de acusarnos, o lo dejó de lado porque sabe que no está en condiciones de hacerse mucho el guapo. Pero él sigue pensando que la culpa de lo mal que esta el país la tienen los abogados que son mafiosos, los obreros que son boludos y los jueces que hacen la vista gorda. Detrás de ese llamado a bajar el costo laboral hay una reforma que busca flexibilizar los derechos de los trabajadores para dar más poder a los patrones. Hasta ahora no han logrado empeorar una situación que ya viene mal; con un 30 o 35 por ciento de trabajadores en negro, y con los que están anotados con un sueldo o una antigüedad que no se corresponden con las verdaderas. Esto ya venía de antes, pero el gobierno actual está incluso pensando en cómo hacerle las cosas más fáciles al empleador para que le salga más barato. Hubo resistencia a la reforma laboral y previsional y yo creo que a partir de eso se mandaron a guardar y por eso ahora salen con esto de la paridad de género, que huele a progresismo pero es un disfraz. El paradigma de este gobierno es darle más poder a las empresas para que junten más dinero con la promesa de que derramen. Ya Menem lo hizo y sabemos cómo terminó. Yo creo que la gente no se la volverá a creer dos veces porque ya estamos vacunados contra esas promesas.
Publicado por Cruz del Sur